Productores integradores de pollo en situación de desfinanciación por bajos precios y costos elevados

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Los productores integrados siguen planteando el escaso aumento del servicio como parte de la situación que los mantiene en estado de desfinanciación. Un factor favorable es la ocupación inmediata entre cada crianza lo que les permite mayor actividad.

En un rápido panorama del escenario sectorial Ricardo Unrein titular de  CAPIP, manifiesta “Las empresas avícolas no ajustan estos precios a los que consideramos magros,  sumados al valor del dólar y la extensión de la fecha de pagos. Solo juega a favor la ocupación de las granjas que bajo a 12 días este año contra los 25 que transcurrían el anterior”.

En ese contexto la firma “Tres Arroyos” dejo afuera a productores pequeños que en muchos casos venían de empresas que quebraron en la costa del Uruguay, argumentando razones logísticas.

¨¿Porque no hay rentabilidad?

Las razones son claras, las industrias pagan 13 pesos por pollos terminados equivalentes a 15 centavos de dólar oficial o 10 del blue, en contraparte el aumento otorgado a los empleados, considerados justos según el dirigente, no se puede abonar, mientras los insumos dolarizados estiran la brecha de costos. A todo esto los granjeros esperan el 2021 sabiendo que habrá actualización de tarifas energéticas lo que incrementa el estado de alerta ya que golpearía al sector. De ahí que los números están lejos, ya que el valor que estiman los productores deberían percibir es de 23 a 24 pesos por pollo para estar en cierto equilibrio, lo que refleja y fundamenta la situación.

En el país el consumo de pollo es bueno, así entienden desde la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos,  con precios accesibles respecto de otras carnes, es un factor influyente en el hecho de que se mantenga la producción.

Un detalle no menor en la relación trabajo y cobranzas entre los integradores y las empresas avícolas, es la evidente diferencia que existe en la provincia, según la zona de asentamiento de las granjas. En la costa del Paraná se cobra a los 30 días, mientras en la del Uruguay llega a 60 y 70 días, con gran influencia en la escasa renta que tiene el servicio, sostiene Ricardo Unrein, quien además de ser dirigente desde los años noventa es productor.

Las exigencias del SENASA se mantienen, pero en un contexto donde la pandemia modificó la formalidad de inspecciones y otros tipos de controles. De todos modos los productores sostienen que las habilitaciones que otorga la Secretaría de Medio Ambiente a nivel provincial, siguen un camino de más burocracia, ya que las presentaciones que se realizan demoran unos seis meses para su aprobación.

Por último el estado de cosas no posibilita inversiones y mejoras. Así lo confirma el directivo de CAPIA quien asegura no se observa la incorporación de galpones nuevos, existiendo una razón fundamental el costo de un galpón de black out ronda los 200.000 dólares, mientras que un convencional se ubica entre 150 y 170 mil de la misma moneda. A esto se suma la escasa disponibilidad de créditos que acompañen la inversión, ya que los montos estipulados se acercan al 35 por ciento del valor de la unidad, no existiendo opciones de inversión para cubrir la diferencia existente.

La actividad que hoy abordamos no es menor en la provincia de Entre Ríos, ya que desde aquí salen faenas que cubren el 55 por ciento del mercado nacional. Para es ello es fundamental la existencia de 2400 granjas que en la actualidad se dispersan en una zona importante, otorgando unidades de negocios a empresarios, emprendedores  con la consecuente generación de mano de obra y necesidad de poblar el ámbito donde estas se localizan.